Tanto a nivel mundial como latinoamericano cada día cobran mayor relevancia la protección de recursos hídricos en general y de los lagos en particular por su importancia estratégica ante el cambio climático. De esta manera las Nacionales Unidas en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 colocan a los lagos dentro de las prioridades (ODS 6).
En Latinoamérica existe una gran variedad de ecosistemas lacustres, los cuales cumplen más de 20 servicios ambientales como abastecimiento de agua potable, riego, navegación, pesca, turismo entre otros.
En general todos los lagos de importancia están en procesos crecientes de contaminación y eutrofización por actividades antrópicas que amenazan no solo estos importantes ecosistemas de agua dulce, sino también la sostenibilidad de actividades económicas asociadas como el turismo y la pesca, entre otras.
Los Estados no se han estado haciendo cargo de esta creciente problemática por diversas razones y en muchos casos ha sido la propia comunidad la que ha ido demandando mayor preocupación.
En Latinoamérica aún no hay una manera integral de abordar la gestión de cuencas lacustres, aunque muchas veces en la legislación existen instrumentos para ello. Una de las razones son los evidentes conflictos de interés entre algunas actividades productivas y la conservación lacustre.
Lo que no se conoce no se protege, de manera que una de las formas más eficientes y efectivas de ir cambiando la forma de relacionarnos con la protección de las cuencas lacustres pasa por empoderar a la comunidad como agentes de cambio en el cuidado de los lagos, utilizando para ello la ciencia ciudadana; es decir, que sea la propia comunidad la que monitoree el estado ambiental e informe a las autoridades para mejorar la toma de decisiones.