La pobreza extrema, una cuestión de derechos humanos

Desde hace 30 años, cada año 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Es el legado del padre Joseph Wresinski —una de las primeras personas en crear conciencia sobre la importancia de dar un trato igualitario a las personas que viven en la pobreza.

A nivel mundial, más de 800 millones de personas aún viven con menos de 1,25 dólares al día. Son datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchos de ellos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados. De esta manera, erradicar el hambre y la pobreza extrema se ha convertido en uno de los mayores retos de nuestros tiempos. La lucha por reducir las desigualdades es responsabilidad de todos.

«Vivimos en un mundo caracterizado por un nivel sin precedentes de desarrollo económico, medios tecnológicos y recursos financieros. Es un escándalo moral que millones de personas vivan en la extrema pobreza». Son palabras que aparecen en el prefacio sobre Los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, publicado por la ONU.

Pero la pobreza extrema no es solo una cuestión económica. Por ese motivo, debemos dejar de observarla exclusivamente como una falta de ingresos. Se trata de un fenómeno multidimensional que comprende, además, la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad.

Agenda 2030 contra la pobreza extrema

La importancia de la dignidad, de la solidaridad y de escuchar a las personas más desfavorecidas son evidentes en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que fija la erradicación de la pobreza extrema como el objetivo fundamental y obliga a todos los países a eliminarla, mediante estrategias que garanticen el ejercicio de todos los derechos humanos y aseguren que no se deja a nadie atrás.

La pobreza extrema es en sí misma un problema de derechos humanos urgente. Es la causa y consecuencia de la histórica y constante violación de los derechos humanos. Este problema se caracteriza vulneraciones múltiples e interconexas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de quienes lo sufren. Las personas que se enfrentan a estas condiciones de vida inhumanas se ven expuestas regularmente a la denegación de su dignidad e igualdad. Por ello, lejos de ser responsabilidad de unos pocos, la comunidad internacional ha de unirse para erradicar el hambre y la pobreza extrema definitivamente.

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La respuesta ante la COVID-19

Las consecuencias de la crisis sanitaria de la COVID-19 ha abierto un nuevo capítulo en la batalla contra la pobreza extrema en el mundo. En el nuevo marco político, social, económico y sanitario del mundo derivado de la COVID-19, se necesitan mayores recursos e iniciativas para luchar contra la pobre extrema. Los países en desarrollo son los que corren más riesgo durante y después de la pandemia.

Estos riesgos no se refieren solo a cuestiones derivadas de la crisis sanitaria, sino también del impacto que ha tenido la pandemia en la actividad económica de estos países. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se calcula que las pérdidas de ingresos alcancen más de 200 000 millones de dólares en los países en desarrollo. Además, más del 55% de la población no tendrá cobertura social.

Como consecuencia de esta nueva realidad, la estructura social del mundo se verá gravemente afectada. Con ella, peligra la educación, los derechos humanos y, en los casos más graves, la falta de acceso a recursos alimenticios de primera necesidad. El problema por la pobreza extrema puede agravarse considerablemente. Por este motivo, se necesitan más medidas y proyectos que se aseguren de proteger a aquellos millones de personas que más sufrirán las terribles consecuencias de la pandemia de la COVID-19.

Para ayudar a la población más pobre y vulnerable, las Naciones Unidas han elaborado un Marco para la respuesta socioeconómica inmediata a la COVID-19, con el que apelan a ampliar de manera extraordinaria el apoyo internacional y el compromiso político con el fin de garantizar que personas de todo el mundo tengan acceso a servicios esenciales y a protección social.