Transición Justa

La transición hacia una economía verde y descarbonizada conlleva un impacto económico y social significativo para determinadas regiones, sectores y Estados miembros de la Unión Europea. «La magnitud del desafío no es la misma para todos. Las regiones que dependen de los combustibles fósiles y las industrias con altas emisiones de carbono se verán particularmente afectadas y experimentarán una profunda transformación económica, ambiental y social», explican desde la Comisión Europea.

El objetivo de la transición justa es minimizar los efectos colaterales de esta transformación mediante la puesta en marcha de acciones sostenibles que ayuden a los trabajadores, sin renunciar al desafío energético ni a la protección del medio ambiente. Para conseguir sus objetivos, la transición justa dirige sus esfuerzos al fomento de políticas y proyectos que faciliten la adopción de energías ‘verdes’ y aumenten la prosperidad del conjunto de la sociedad, sin generar injusticias ni desigualdades en grupos específicos. De este modo, la transición justa persigue conciliar la justicia climática y social, impulsando acciones sostenibles que ayuden a la masa de trabajadores en el ámbito de la transición ecológica.

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El concepto de transición justa se originó en el contexto de la lucha gremial y sindical de finales del siglo XX, cuando activistas y líderes sindicales como Tony Mazzocchi o Brian Kohler utilizaron este término para demandar un apoyo económico para el desempleo causado por las políticas y actuaciones medioambientalistas en Estados Unidos.

En décadas posteriores, las reclamaciones por una transición justa trascendían el marco de los sindicatos para permear a los movimientos de lucha ambiental y climática, hasta introducirse de forma pionera en la mesa de negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) celebrada en 1992 en Nueva York.

El marco de la Transición Justa fue propuesto por la Organización Internacional del Trabajo y la Convención de Naciones Unidas contra el cambio climático para que la transición hacia una economía de bajas emisiones se implementara con unas garantías socio-laborales.

En España, el Instituto para la Transición Justa (ITJ) vela desde 1998 por el estudio, el fomento y la implementación de «medidas que faciliten el cambio hacia un modelo económico sostenible y competitivo que contribuya a poner freno al cambio climático».

En el artículo 27 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, se precisa lo siguiente: «La Estrategia de Transición Justa constituye el instrumento de ámbito estatal dirigido a la optimización de las oportunidades en la actividad y el empleo de la transición hacia una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero y a la identificación y adopción de medidas que garanticen un tratamiento equitativo y solidario a las personas trabajadoras y territorios en dicha transición».

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Garantizar la transición justa forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como parte de la Agenda 2030. En concreto, el objetivo 8 busca promover «un crecimiento económico inclusivo y sostenido» a fin de «impulsar el progreso, crear empleos decentes para todos y mejorar los estándares de vida», además de «mejorar progresivamente la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente».