Taxonomía (UE)

Etimológicamente, la palabra ‘taxonomía’ se forma a partir de las voces griegas taxis, que se traduce como «ordenación» o «clasificación», y gnomos, que significa «reglas». El término fue acuñado en 1813 por el botánico suizo Augustín Pyrane de Candolle (1778-1841), y la Real Academia Española (RAE) lo define como la «ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación», especialmente en el contexto de la ordenación jerarquizada de los nombres de grupos de animales y vegetales.

En el marco del ecologismo y la sostenibilidad impulsada por la UE, la taxonomía se presenta como una referencia útil para los inversores a la hora de valorar proyectos y actividades económicas en función de su impacto positivo en el medio ambiente.

Este lenguaje universal fue desarrollado el 31 de enero de 2018 por un grupo de 35 expertos, después de que la Comisión les encomendase que definieran la estrategia de la Unión Europea para el desarrollo de una economía más sostenible y descarbonizada. El informe resultante proporcionó un sistema de clasificación —Taxonomía UE— basado en tres criterios esenciales:

• El fomento de una economía neutra en carbono.
• La preservación, o impacto mínimo, de otros objetivos medioambientales.
• El desarrollo de actividades con arreglo a estándares éticos y laborales establecidos.

La Taxonomía UE está recogida en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco que facilite las inversiones sostenibles, manifiesta en su consideración número 40: «Una actividad económica no debe considerarse medioambientalmente sostenible si son más los daños que causa al medio ambiente que los beneficios que aporta». De acuerdo a este reglamento, las actividades calificadas de ‘sostenibles’ deberán contribuir asimismo a la protección de los recursos híbridos y marinos, la prevención de la contaminación, la recuperación de la biodiversidad o la economía circular.

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La taxonomía de la UE persigue distintos objetivos relacionados con el desarrollo sostenible, a saber:

• Redirigir el flujo de capitales hacia proyectos, tecnologías y actividades beneficiosas para el medio ambiente, posibilitando la disminución de las emisiones de CO2 en un 55% para el año 2030, con vistas a construir una Europa neutra en emisiones contaminantes y una economía descarbonizada antes del 2050.
• Servir de referencia útil, fiable y transparente para que las empresas y grupos de inversión orienten sus estrategias y movilicen sus capitales en consonancia con los objetivos de la Agenda 2030, es decir, invirtiendo en actividades con una incidencia positiva en el medio ambiente.
•  Combatir el ecoblanqueo o greenwashing, es decir, la creación de imágenes ficticias acerca de las actuaciones empresariales en materia de sostenibilidad. El ‘lavado de cara’ es aún una práctica habitual en el sector energético, y la Taxonomía UE se postula como una guía precisa para la identificación de actividades perjudiciales para el entorno natural.