La pandemia de la COVID-19 ha aumentado la importancia del acceso al agua y al saneamiento. El simple hecho de lavarse las manos, una de las recomendaciones básicas para evitar la propagación del virus, representa un reto para cerca de 3.000 millones de personas en todo el mundo que carecen de acceso a agua y jabón en sus hogares.
Aunque el porcentaje de la población mundial con acceso a agua potable ha aumentado desde el año 2000, alcanzando el 71% en 2017, menos del 45% de la población de los países que comparten información sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 cuenta con un acceso a un saneamiento gestionado de forma segura.
Acceso al agua potable: una carencia de muchos países
Anteriormente, algunos informes de la OCDE sobre la gobernanza del agua en América Latina habían destacado las numerosas carencias en materia de seguridad del agua, especialmente en relación con el acceso al agua y al saneamiento. El informe Gobernanza del Agua en Argentina (OCDE, 2019) muestra que en 2016, el 70% de la población argentina carecía de infraestructura básica de saneamiento, y el 30% no tenía acceso a agua potable.
La gobernanza del Agua en Brasil (OCDE, 2015) arroja luz sobre las importantes disparidades entre las zonas urbanas y rurales, siendo la región norte de Brasil, caracterizada por sus bajos ingresos, la que cuenta con la tasa más baja de acceso al agua corriente del país (55% de los hogares). Las ciudades africanas no son una excepción a este problema, dado que el 56% de la población urbana de África depende de los puntos de agua públicos y de las instalaciones sanitarias compartidas.
Pese a que las ciudades fueron las más afectadas por la pandemia, los gobiernos locales tomaron medidas para proporcionar servicios de agua, sobre todo a los más vulnerables, como se documenta en el último informe de la OCDE sobre las respuestas políticas de las ciudades a la COVID-19. En Perú, por ejemplo, el 70% de los casos de COVID-19 se han registrado en la capital, Lima, y en el puerto del Callao, donde debido a la escasez crónica de agua y los asentamientos informales, las condiciones sanitarias y el acceso al agua potable resultaron ser un gran desafío.
Existen muchos ejemplos de iniciativas locales: San José (EE.UU.) proporcionó estaciones para el lavado de manos, aseos y agua a los campamentos de personas sin hogar; Detroit (EE.UU.) restableció temporalmente los servicios de agua a aquellos hogares que habían sufrido la suspensión del suministro debido al impago de cuotas; Braga (Portugal) eliminó las tarifas de agua y saneamiento para todos los usuarios; y Lima proporcionó agua por camiones cisterna a más de 800.000 habitantes sin acceso a agua en sus hogares.
Sin embargo, se espera que las medidas para el restablecimiento del servicio de agua a los hogares con impagos durante los confinamientos de 2020 y la reducción de la demanda del agua conduzcan a una reducción del 15% de los ingresos procedentes de las tarifas del agua [3]. Además, la pérdida de ingresos públicos a causa de la contracción económica podría limitar la inversión del gobierno en agua y saneamiento.
En sus esfuerzos por “reconstruir mejor” y acelerar la transición hacia ciudades verdes, inteligentes e inclusivas, muchos gobiernos locales y nacionales han incluido el agua y el saneamiento en sus paquetes de recuperación de la COVID-19. Por ejemplo, el 12% del presupuesto del plan de recuperación español se destinará a infraestructuras y ecosistemas resilientes, incluyendo la lucha contra la desertificación, la conservación de las costas y de los recursos hídricos[4]. Además, el plan de recuperación de 100.000 millones de euros del Gobierno francés incluye 350 millones de euros de inversión directa destinados a infraestructuras hídricas y a la mejora del tratamiento de las aguas residuales[5].
Principios sobre la Gobernanza del Agua
La pandemia de la COVID-19 ha exaltado los problemas urgentes y emergentes del agua y el saneamiento. En este contexto, las orientaciones proporcionadas por los Principios de la OCDE sobre la Gobernanza del Agua son más pertinentes y oportunas que nunca para aumentar la resiliencia del agua ante crisis futuras. Una acción acelerada es deseable en tres frentes principales, en particular:
- Participación e inclusión. Las poblaciones vulnerables – especialmente aquellas que viven en asentamientos urbanos informales, con un acceso al agua y saneamiento inadecuado, y en condiciones de hacinamiento – han pagado y seguirán pagando el precio más alto de la pandemia. Estas personas, que suelen estar menos implicadas en la toma de decisiones y en la aplicación de las políticas, deben participar en la renovación del contrato social con la ciudadanía, reconstruyendo la confianza con los ciudadanos. La inclusión de todas las personas es clave para estar preparados para el futuro.
- Coherencia política. Los gobiernos municipales y otros responsables políticos deben mejorar la coherencia entre las políticas, fomentando la coordinación entre el agua y otros sectores relacionados como la salud, el medio ambiente, el desarrollo urbano, la planificación del espacio, la gestión de residuos y la vivienda.
- Datos e información. La pandemia ha puesto de manifiesto el valor de la recogida de datos relacionados con el agua para poder controlar mejor los brotes y limitar así la propagación del virus a nivel local. Durante la pandemia, se lograron importantes avances en el seguimiento del virus en las aguas residuales y en la producción de datos relacionados para orientar la toma de decisiones en muchos países de la OCDE, como por ejemplo en Australia, Francia, Japón, y Países Bajos.
Traducción del texto realizada por Ander Eizaguirre, Analista de Políticas Junior de la OCDE.
Referencias:
