Comunidad Energética

Los términos ‘comunidad’ y ‘energética’ que forman la denominación de este concepto, refieren la idea del uso compartido de la electricidad y de otras fuentes energéticas por un conjunto de personas y organizaciones con intereses comunes. En concreto, las comunidades energéticas suponen el desarrollo de un modelo de transición energética justo, al fomentar la participación de las personas para que produzcan, consuman, almacenen, compartan y vendan la energía renovable, reinvirtiendo los beneficios en la comunidad.

Para el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), estas comunidades «son organizaciones donde los miembros que forman parte se implican de manera directa en la planificación e implementación de las medidas que llevarán a cabo para la implantación de energías renovables. El fin es la producción, consumo y/o comercialización de energía eléctrica, térmica (calefacción), mecánica o combustible (biogás), así como en el desarrollo de medidas de eficiencia energética o de movilidad sostenible».

Así, la comunidad energética se caracteriza por perseguir tres metas esenciales: (1) obtener un beneficio económico a través del autoconsumo de energías renovables, (2) mejorar el empleo y el desarrollo social del entorno inmediato de los miembros y (3) preservar los recursos energéticos locales.

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Por definición, la autonomía y la independencia son inseparables de la comunidad energética, capaz de cubrir alrededor del 100% de la demanda de electricidad en entornos domésticos y en el sector servicios, según reveló el informe El potencial de la energía comunitaria en el estado español, elaborado por la asociación ecologista Amigos de la Tierra.

A este respecto, el instituto IDAE señala que «las comunidades utilizan, además, los recursos locales que tienen a su alcance y de los que pueden disponer (energía eólica, solar, biomasa, etc.). Con ello consiguen ser aún más autónomos y disminuir la dependencia de energía externa. Fomentan, sobre todo, el ahorro energético y contribuyen al desarrollo de la generación distribuida, a reducir enormemente la dependencia energética y cumplir los objetivos energéticos y medioambientales fijados para reducir el impacto medioambiental».

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En sentido estricto, la comunidad energética puede clasificarse en dos tipos, atendiendo al alcance de sus actividades, los recursos energéticos utilizados o las limitaciones de su gobernanza.

La Comunidad Ciudadana de Energía (CCE), en primer lugar, está recogida en la Directiva UE 2019/944 y se identifica con una entidad legal orientada a la creación, el almacenamiento y el uso de energía proveniente o no de fuentes renovables. Opera en la totalidad del mercado eléctrico, no se ajusta a un enfoque tecnológico determinado, carece de límites geográficos, y su participación está abierta a cualquier interesado.

Por su parte, la Comunidad de Energía Renovable (CER) está recogida en la Directiva UE 2018/2001 y responde a una entidad jurídica que, a diferencia de la CCE, emplea en exclusiva las energías renovables, opera únicamente en mercados de origen renovable y limita su participación a ciudadanos, PYMEs y autoridades locales. Su gobernanza corre a cargo de los miembros situados en las inmediaciones del proyecto en cuestión y fomenta el aprovechamiento de recursos locales.

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La comunidad energética presenta una serie de beneficios para el medio ambiente, el tejido productivo local, la inversión en energías renovables y el bienestar de la ciudadanía:

■ Accesibilidad de las energías renovables. Pertenecer a una comunidad energética —especialmente las de tipo CER— garantiza el acceso a recursos energéticos de origen renovable y un mayor ahorro en términos de consumo doméstico.

■ Inversión accesible a la ciudadanía. Estas entidades jurídicas presentan oportunidades de inversión para la ciudadanía y las empresas locales, de forma que se incentiva la creación de riqueza y su permanencia dentro de la comunidad.

■ Fomento de las fuentes renovables. La energía eólica, geotérmica, solar fotovoltaica y otras sostenibles son incentivadas en este tipo de comunidades, lo que disminuye el consumo y la dependencia de la energía de red y redunda positivamente en el medio natural.

■ Impulso al empleo y la cohesión social. Los miembros de una comunidad energética se benefician del aumento de la calidad y cantidad del empleo local y disfrutan de mayores niveles de integración social.